Para tomar su decisión, la jueza Ibaceta hizo suyos los argumentos con los que había reclamado la entidad de derechos humanos, que en el planteo había señalado que la propia Constitución provincial establece que la educación debe ser laica, como respaldan “tratados que hablan de la libertad de pensamiento, de la libertad de culto, del derecho de los padres a elegir la instrucción religiosa de sus hijos y también que esto es discriminación, porque da preferencia al sector católico y determina la exclusión de los no católicos”, señaló Ermili.
Fuente: UPI / Noticia Cristiana
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